El Documentalista Enredado

El pasado 3 de noviembre, el Gobierno español aprobó el proyecto de Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que, además de actualizar la normativa vigente que databa del año 1975, tiene como principio general el establecimiento del precio fijo de los libros y que, en el caso de los de texto, liberaliza el precio de este tipo de manuales. Además, fija una inversión de 431 millones de euros en bibliotecas públicas.

Los puntos principales del nuevo proyecto de ley son:

• Precio fijo para todos los libros, excepto los manuales de texto, cuya tarifa se liberaliza frente al sistema de descuentos anterior que llegaron a ser del 25%.
• La memoria económica que se incluye en la ley a la que ha dado el visto bueno el Gobierno garantiza la inversión de 431 millones de euros en el fomento de la lectura y la mejora de las bibliotecas públicas entre los años 2006 y 2014..
• El objetivo es alcanzar una disponibilidad media de entre 1,5 y 2,5 libros por habitante, tal y como establecen las directrices de la Unesco. España tiene un promedio de 1,25 libros por habitante.
• El texto de la nueva normativa contempla por primera vez la garantía de que se llevarán a cabo campañas de promoción y fomento de la lectura sobre todo entre la población infantil y juvenil.
• Se crea el Observatorio de la Lectura y del Libro, cuyo objetivo es «el análisis de la situación del libro, la lectura y las bibliotecas». También la promoción de la colaboración institucional, «con observatorios u órganos similares de administraciones autonómicas, el asesoramiento, la elaboración de informes, estudios y propuestas de actuación».
• El ministerio de Cultura desarrollará varias campañas de promoción de los autores españoles que se expresen en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, y podrá colaborar de igual manera con las diferentes Comunidades Autónomas del estado en las políticas de promoción literaria.
• La reforma promueve la competencia leal entre los distintos ámbitos comerciales del libro.
• Los autores reclamaron que la reforma legislativa olvida la regulación del canon por préstamo en biblioteca
• Se adecua de forma explícita la definición ‘oficial’ de libro a los cambios producidos por las nuevas tecnologías y se entiende por libro «la obra científica, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria editada en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura».

Sobre el plano que más afecta a las bibliotecas, las reacciones son dispares. Sobre todo, porque supone una notable inyección a las depauperadas bibliotecas públicas, que pasarán, según el texto legislativo, de 1,25 libros por habitante a situarse entre 1,5, el límite que recomienda la Unesco, y 2,5. No en vano, dedicará la mayoría de los 431 millones presupuestados hasta 2014 a abastecer, en primer lugar, a esas bibliotecas públicas y, como segunda prioridad, a reforzar planes de fomento de la lectura.

Fernando Valverde, presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), expresó ayer la satisfacción generalizada más allá de la polémica por la liberalización: «El nuevo texto marca un punto de partida para llevar hacia el futuro a toda la red librera española. Consideramos que la nueva ley aportará numerosos beneficios al sector como un mayor presupuesto, las sanciones para los que no cumplan la normativa o el apoyo a la librería como principal canal de distribución de los libros».

Emiliano Martínez, presidente de la Federación de Gremios de Editores, destaca que «el simple hecho de que se haya remitido a las Cortes un proyecto de una ley que decide impulsar el libro en la sociedad ya nos parece una buena noticia. Sobre todo, cuando los poderes públicos asumen como un deber el fomento de la oferta pública de bibliotecas».

De todos modos, según Martínez, «habrá que ver con detalle el desglose de los 431 millones en ocho años», sobre todo para saber si «es alcanzable» el objetivo: «Con que lleguemos a dos libros por habitante, la media de la UE, se dará un gran salto. Ese debe ser el horizonte de futuro». Mauricio Santos, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), sentencia que 431 millones «no es ninguna bicoca, incluso es ridículo si se compara con otros países». Lola Abelló, de Ceapa, destacó que las bibliotecas escolares o la lectura en la escuela se quedan fuera de la ley, que da la espalda a la educación.

Andrés Sorel, secretario general de la Asociación Colegial de Escritores, expresó sus dudas sobre este proyecto de ley. Dijo que el texto no contempla asuntos como la «liquidación de derechos de autor», «el control de tirada» o la reforma del «dominio público». «Tan solo espero que la futuro ley de propiedad intelectual dé una respuesta en profundidad a estos temas», dijo.