No es éste el mejor lugar, ni seguramente soy el más indicado, para tratar de arrojar un poco de luz sobre la polémica del Archivo Nacional de la Guerra Civil situado en la ciudad de Salamanca. Pero como no hay, que yo sepa, todavía un Archivero Enredado tendré que aventurarme en dar un poco de luz sobre lo que realmente es el Archivo de Salamanca, con la sana intención de que en la blogosfera bibliodocumentaloide se comience a opinar sobre este tema, puesto que yo sepa todavía no nos hemos pronunciado (o en su defecto al menos de que se esté más informado).
Soy consciente de que la política y los sentimientos, de cualquier tipo, están haciendo que la Sociedad desvíe la atención sobre lo que realmente es el Archivo de la Guerra Civil; por ello, voy a tratar de ceñirme a los hechos para evaluar la situación actual del archivo. Como profesionales del mundo de la Información y la Documentación, hemos de tener una opinión formada sobre lo que se debería hacer y colocarnos en una u otra posición. Por supuesto que cada uno puede tener la suya desde el respeto y esto es lo que voy a tratar de razonar a continuación.
La formación del Archivo
Tras la caída de Valencia, ciudad que llegó a ser la última capital de la II República de España cuando ésta daba sus últimos estertores allá por 1939, y su ocupación por parte de los nacionales se realizó la recolección de documentación para la represión durante el Régimen Dictatorial de Francisco Franco. En la estación (de ferrocarril) del Norte, se iba amontonando todo el material incautado por los nacionalistas: Documentos, banderas, muebles, fotografías… que habían sido requisados a lo largo de diversos años después de la victoria franquista. Su destino final era Salamanca, donde el Franquismo planeaba crear un archivo desde el cual poder ejercer con datos y hechos la represión.
El trabajo previo a la incautación de bienes no era fruto de la casualidad y se trataba más bien de un trabajo ya mecánico. Serrano Suñer, encargado de dotar a la Dictadura de organismos y legislación para su funcionamiento, creó el 26 de abril de 1938 la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD) poniendo a su frente a Marcelino Ulibarri, que era amigo personal de Franco, que se encargaría de su organización para la instauración de la DERD en todo el Estado. De esta forma, se instituía una de las fórmulas para mantener la represión en España tras la caída de la II República. Con la formación de este organismo y del Archivo, si una persona abandonaba su ciudad, siempre se podían pedir referencias a un registro central para conocer sus antecedentes como rojo, izquierdista o masón.
El proceso de incautación de material para la incriminación era relativamente sencillo. Primero, con la información que recogía la «columna de hierro» que se encontraba en el frente, se decidía qué lugar se debía registrar una vez se hubiese ocupado una ciudad o pueblo. Después, se localizaba todo el material que pudiese ser interesante y se requisaba para enviarlo a la ciudad de Salamanca. Desde allí, se elaborarían distintas fichas personales con los datos que conforman el archivo. De esta manera, el Archivo se convertía en la mayor fuente de información de la que disponía el Régimen para sus actos represaliadores contra sus adversarios políticos.
La situación del Archivo
La cuestión que enfrenta a los expertos, políticos y gente de a pie consiste en si el Archivo debe de ser desmantelado, por así decirlo, y si los materiales que contiene deben de ser devueltos a sus legítimos dueños, ya se trate de administraciones, organizaciones o particulares, que lo reclamen.
Los puntos que debemos tener presentes para evaluar la situación del Archivo Nacional de la Guerra Civil son:
- No se trata de un archivo histórico puesto que el motivo para la incautación de los documentos no era su conservación, sino una utilización política muy determinada: La represión.
- Los principios archivísticos pueden servir para justificar las dos posturas contrapuestas, devolución de los papeles o mantener la integridad del fondo, puesto que la unidad existe. Sin embargo, para realizar esta unidad tuvieron que descomponerse y requisarse otros fondos documentales que ahora reclaman estos documentos como partes de sus archivos. Es decir, los organismos productores reclaman unos documentos que les fueron sustraídos al final un conflicto armado.
- No se trata de un verdadero Archivo de la Guerra Civil puesto que la documentación que alberga es fundamentalmente de la parte republicana. Los documentos militares y civiles del bando nacional todavía permanecen en los respectivos archivos de las instituciones que los produjeron.
Como veo que nadie quiere ser el primero en opinar y lo mío no es la archivística, le he echado un vistazo a lo que se ha comentado en IWETEL estos días. Y realmente no he podido sacar una conclusión clara, aunque sí algunas ideas.
En todas partes se habla de criterios políticos más que archivísticos para apoyar las dos posiciones. Evidentemente hay un fondo político en todo esto, después de todo, la creación de ese «fondo» fue una cuestión política.
Pero deberían dejarse atrás esas cuestiones (cosa realmente imposible) y tener en cuenta las normas que rigen la archivística «el principio de procedencia», lo que haría que los documentos volvieran a sus lugares de origen, y no me refiero sólo a este archivo ni sólo a Cataluña.
Algunos consideran que devolver estos papeles supone «desmembrar» un archivo histórico y dificultar la labor de los investigadores. Pero realmente, respecto a estos documentos, no se formó siguiendo los criterios archivísticos de que «los documentos pertenecen a la institución que lo ha creado en la realización de sus funciones» por lo cual son sólo una «colección» dentro de ese archivo y no es el lugar en el que le corresponde estar.
Y respecto a lo de facilitar el trabajo a los investigadores, para eso existe la digitalización de los documentos y la posibilidad de que el Archivo de Salamanca conserve una copia facsimil de los documentos que estuvieron en su poder durante estos 60 años, tras su devolución.
Pero las consideraciones archivísticas no tienen ningún fundamento. Los políticos son siempre los que tienen la última palabra… 🙁
he visto esto
El informe completo de los expertos.
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[…] tomar un tema polémico (llamémoslo más bien político) que afecta a los archivos, y del que se ha hablado y opinado mucho en los últimos meses a nivel nacional: los fondos docu […]
[…] Al menos en la prensa valenciana, esta Ley ha dado pie a retomar un tema polémico (llamémoslo más bien político) que afecta a los archivos, y del que se ha hablado y opinado mucho en los últimos meses a nivel nacional: los fondos documentales que forman el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Los socialistas valencianos reclamaban que en la Ley de Archivos se hiciera referencia explicita al retorno a la Comunidad Valenciana de los fondos documentales expoliados después de la Guerra Civil y que se encuentran en dicho archivo, pero esta enmienda no fue aprobada, aunque sí queda recogido que se realizarán “las acciones oportunas destinadas a garantizar que el patrimonio documental valenciano que no se halle en territorio valenciano pueda pasar a los archivos del Sistema Archivístico Valenciano en cualquier soporte material“. Al parecer, ya se está trabajando en un proyecto de digitalización de documentación valenciana perteneciente a este archivo. […]
Los papeles tenian k bolver a cataluña porke eran y son nuestros.
Bueno, como aquí parece que sólo escriben catalanes tendré que defender la otra postura. He hecho prácticas en el archivo y lo conozco un poco, evidentemente la documentación proviene de una incautación sistemática, pero no sólo de instituciones, si no de particulares (yo trabajé en esta parte) y existe documentación de muchas personas, muchas de las cuales han muerto y cuya determinación de a quien pertenece actualmente esa documentación es muy complicada y de eso no se habla.
Los catalanes, en concreto, utilizan mucho el comentario de isa «los papeles son nuestros», como se explica en el articulito el principio de unidad de los fondos se puede entender de diversas formas, y la documentación que está en Salamanca es cierto que se ha conservado gracias a estar en Salamanca, si no muy probablemente habría sufrido la «represión» de los franquistas locales.
Por último, y ya que viajo a menudo a Huesca, donde están muy contentos con el robo de obras sacras por parte del obispado de Lérida, con varias sentencias favorables a la devolución de las piezas (sin arbitrariedades políticas), todavía tienen los catalanes la desfachatez de hablar de «unidad de la colección», no sabía yo que a una colección museística se le podía aplicar criterios archivísticos.
En fin, de sinvergënzas está el mundo lleno.
Es maquiabel, comparar els temes de l’Art Sacre del Bisbat de Lleida amb el tema dels papers de Salamanca.
Queda clar en la teua forma d’escriure que tens algun perjudici personal contra els catalans.
També queda clar que no estas al dia del tema de l’art sacre.
Per començar dir-te que darrera de tot això hi ha l’Opus Dei, qui controla gran part del poder eclesiàstic i qui tenen Barbastre com el seu bressol. El Bisbat de Barbastre es de nova creació i sàpigues que fa tan sol dos anys es va quedar amb més de la meitat de l’històric (medieval!) Bisbat de Lleida, parròquies de pobles aragonesos, la major d’ells de parla catalana.
Sobre les obres d’art sacre (la majoria de les reclamades pertanyents a aquestes parròquies, que ara han estat obligades a canviar de Bisbat) fa més de cent anys que el Bisbe de Lleida Massegué, les va comprar o adquirir sota ordre del Papa, per tal de restaurar-les i conservar-les dels robatoris i males vendes que hi havia en aquella època. (si vols te’n explique qualsevol exemple).
Per tant ara es pervers parar de robatori, quan el que feu el Bisbe en aquell moment es salvar i restaurar les obres d’art de les parròquies del seu bisbat, amenaçades a desaparèixer.
A dia d’avui seria bo retornar o bé crear un circuit «museu sobre el territori» per visitar aquestes obres i a la vegada promocionar el territori, proposta que s’ha fet, entre altres per part de la Generalitat i el Bisbat.
En canvi des de Barbastre s’hi neguen, les volen, totes (inclòs les comprades) per posar-les al seu santuari, abandonat des des de la mort del Franco, on no hi va ningú i on si que no hi pinten res totes aquestes obres.
No soy documentalista, pero me gustaría dar mi opinión.
Tal y como se ha expuesto, el archivo fue diseñado para un fin meramente político con unos usuarios muy concretos: los represores franquistas. Hasta después del régimen, que yo sepa, no ha sido abierto a otros tipos de estudios.
Por otro lado, los que citan la unidad del archivo deberían recordar que esta unidad se vulneró para todos los orígenes de dichos papeles ya que fueron robados en su orígen. Otra cosa es que hubieran sido cedidos desde los archivos correspondientes por parte de las autoridades de la época.
Por lo que sé, y esto no lo puedo comprobar físicamente, el archivo es un compendio de material clasificado y material aún sin clasificar después de 70 años. El clasificado seguro que se puede devolver después de digitalizarlo o digitalizarlo después de devolverlo, y el resto lo primero que se debería hacer es catalogarlo. La determinación del actual propieterio de los papeles muchas veces estoy seguro que es más cuestión de ganas y de análisis de los papeles que otra cosa aunque no dudo que muchos casos serán difíciles.
Por cierto, en estos tiempos no debería ser necesario desplazarse por todos los archivos del mundo para consultar datos, ya se podrían ir digitalizando.
Tampoco me gusta que siempre seamos los catalanes los malos. Por dios, que hay documentos de TODA España en el archivo, se deberian devolver todos. es cierto que los catalanes hacemos más ruido, pero no somos los únicos. «Los papeles son nuestros» lo puede decir gente de toda la península, y siguen siendo «nuestros» porque legalmente nunca se cedieron.
Y Rubén, lo de las obras sacras entre Lérida y Huesca es un problema mayormente eclesiástico derivado de un problema de pertenencia de ciertas parroquias a un obispado u otro. El tribunal eclesiástico y la santa sede ya se han pronunciado y los obispados lo deben acatar. Mientras escribo estas líneas hace días que se ha llegado a un acuerdo.
Y leyendo un poco por encima el informe da la sensación que para tener una justificación para salvar el archivo ahora se pretende transformarlo y unificar aún más documentación de la guerra civil de carácter militar (que esta sí será cedida legalmente). sólo se devolvería lo que la gente ha reclamado (se cita sólo la Generalitat de Catalunya) dejando un a copia original en el archivo (se devuelve una fotocopia?), pero hay mucha gente que no sabe que tiene papeles de su família en dicho archivo.
Bueno, seguro que me falta mucha información pero es mi opinión de no-experto.