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– ¿Qué hace el director del Archivo del arzobispado?
– Tratar de mantener la documentación generada por la curia de la diócesis y las instituciones eclesiásticas. Es un esclavo de los papeles, porque cualquiera de ellos, por insignificante que parezca, es importante. Este archivo tiene material fechado sobre todo a partir de 1939, porque lo anterior desapareció en 1936, cuando se lo llevaron a las fábricas de Buñol para convertirlo en pasta de papel. Aquí había 13.000 fardos con documentación a partir de 1238 y lo que queda es lo traspapelado y una serie bastante completa de ordenaciones a partir del siglo XIX.
– Es una situación paradójica, porque tras las revueltas de 1936 es el propio servicio de archivos de la República el que intenta salvar lo que puede, ¿no cree?
-No, no. Es el cuerpo de archiveros, que en 1937 viene con el Gobierno a Valencia, el que salvó esto. Eran profesionales, no políticos. Y el archivero tiene una vocación especial por respetar los documentos. No todo el mundo vale, sabe, porque es apasionante ayudar al investigador, pero es estar en un zulo. Una de esas personas que vino de Madrid era un valenciano, Mateu i Llopis, que había investigado en este archivo. Él salvó un buen número de archivos que se habían llevado ya a Buñol. Lo que hacía era cambiar los legajos por papel moderno, así que tuvo que eliminar la mayor parte de hemerotecas. En definitiva, los hechos de 1936 fueron una tragedia insuperable para este archivo. Sólo se salvó una pequeña parte (600 cajas de un total de 13.000 fardos).
Hace ya un tiempo, recogimos aquí distintas noticias que se habían ido sucediendo en los medios de comunicación de tirada regional valencianos concernientes a distintas deficiencias en el sistema archivístico valenciano. Por aquel entonces consideramos que la cadena de acontecimientos, desgraciados o no, que se habían sucedido en un periodo de tiempo tan estrecho eran únicos e irrepetibles. Sin embargo, no fue así. Poco después de hacernos eco de aquellas noticias, surgieron algunas más. En aquel entonces, debido a la estrechez temporal de los acontecimientos consideramos que no era necesario recoger un hecho aislado, pero esta vez, y puesto que se han producido unos cuantos más, creo que debemos hacerlo como hicimos en un primer momento.
El incendio en un almacén hospitalario
El hecho de que dos encapuchados asaltaron un almacén del Hospital de la Vila Joiosa el mes de junio de 2005 no podría pasar de ser anecdótico si no fuese porque posteriormente prendieron fuego al almacén, además de apuñalar al guarda. Según dijo entonces el Conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla:
El almacén tenía envases de plástico, papel, material sanitario de uso común y poco valor, pero no productos farmacéuticos. Quizá los autores pensaban que había drogas. O simplemente querían robar. El fuego ha afectado también al departamento de administración del almacén, donde hay archivos contables, pero no historias clínicas.
Al principal grupo de la oposición todo esto comienza a olerle a chamusquina porque no es la primera vez que un almacén de documentos contables se incendia. En el artículo anterior ya recogimos que unos almacenes de Ciegsa situados en Alaquas habían ardido junto con cierta documentación contable, por lo que el Partido Socialista no pudo nada más que solicitar un inventario que contuviese una relación de la documentación quemada.
Como ya adelantamos, el pasado 1 de junio se aprobó la Ley de Archivos de la Comunidad Valenciana (DOGV 16/06/2005). Como toda ley, su análisis puede dar lugar a múltiples lecturas según el punto de vista, así que permitidme dar dos visiones muy distintas de lo que implica la aprobación de esta Ley de Archivos: una visión formal y de interés público/general; y otra más personal, como posible opositora a archivos valencianos.
La importancia de los archivos
Largamente esperada por los archiveros, la Ley de Archivos de la Comunidad Valenciana pretende poner de manifiesto «la importancia que tienen los archivos valencianos, no sólo como un servicio muy importante del funcionamiento y de la eficacia de todas las organizaciones, especialmente de las administraciones públicas, sino como garantía de conservación del patrimonio documental valenciano y, por último, para preservar el derecho de acceso de las personas a los archivos«. Pero esta Ley (cuyo Proyecto de Ley fue publicado el 28 de diciembre de 2004, como si de una inocentada se tratara) nace con alarmantes carencias, como son el no contar con un presupuesto establecido, ni tener plazos para su aplicación.
En el artículo que publiqué la semana pasada sobre la situación archivística de la Administración de la Comunidad Valenciana, que ponía algunos ejemplos de deficiencias en la gestión archivística en Valencia, yo no quería pecar de audaz, si es que esto es de alguna forma censurable, y tratar de ceñirme a lo quería transmitir. Yo no deseaba enfrascarme en definiciones terminológicas archivísticas y tan sólo centrarme en la denuncia de la situación que había provocado que distintos medios de comunicación recogiesen informaciones sobre el mal estado de algunos archivos.
Sinceramente, no quería entrar en disquisiciones sobre si se había actuado bien o mal dentro de los recursos disponibles, si hay o no archivos centrales en la administración pública, yo simplemente recogía hechos. Con aquel artículo, trataba de indicar distintas situaciones en las que se habían adoptado soluciones que podrían o habían resultado fatales para la documentación que se suponía se trata de gestionar. No había nada más detrás de él, salvo remarcar la precariedad en la que se encuentra la gestión documental en la Administración.
Sin embargo, después de su publicación, y tras recibir consideraciones posteriores, bien en forma de correo electrónico, o bien a través de los comentarios de esta bitácora, me siento obligado a aclarar y concretar algunos aspectos que no quedaron suficientemente claros, porque deseé obviarlos, y pueden conducir hacia el error y a consideraciones equívocas. Y es ésto, precisamente, lo que trato de enmendar ahora con este artículo complementario del anterior.
Leyendo uno de los últimos post de Marcos, que trata sobre las Deficiencias en la gestión archivística de la Administración Pública Valenciana, inmediatamente me ha venido a la mente esta tira cómica del gran dibujante Jeff MacNelly y de los dos cabezas de chorlito que protagonizan sus historias: Shoe, editor del diario «La Cotorra» y gran fumador de puros, y su mejor periodista, Cosmo Fishhawk, más conocido como «El Profesor».
En esta tira, «El Profesor» hace con sus papeles lo que solemos hacer todos cuando la documentación nos desborda y refleja a la perfección el concepto que las empresas públicas y privadas tienen del concepto «archivar».
Todos recordamos que cuando el edificio Windsor se incendió, transcendió que una de las principales empresas afectadas era la empresa auditora Deloitte. Desde el ámbito de la Documentación, nos preocupó que la empresa no hubiese desarrollado una política de gestión documental adecuada y que una gran parte de sus archivos hubiesen desaparecido calcinados por el fuego. Posteriormente, descubrimos que la empresa auditora poseía unos sistemas de copias de seguridad, de gestión documental en suma, que les salvó en gran parte de la catastrófica situación a la que se enfrentaban. Por supuesto que no sólo trabajaba en el edificio Windsor Deloitte, sino que había distintas firmas que también utilizaban sus instalaciones. Estas empresas sortearon el gran desastre como pudieron, sin embargo sobre ellas destacó Deloitte que supo y pudo continuar trabajando gracias la planificación que había desarrollado previamente.
La paradoja reside en que si bien las políticas desarrolladas Deloitte son impecables, no es así el caso de la administración pública, al menos la valenciana. En los últimos meses, se han venido sucediendo una serie de acontecimientos que han demostrado que la gestión documental en la Comunidad Valenciana es bastante ineficiente y apenas existe planificación a la hora de conducir políticas de gestión documental.
